Nace formalmente el juicio de amparo a nivel regional. Manuel Crescencio Rejón plasma en la Constitución Política del Estado de Yucatán (artículos 7, 8, 9, 53 y 62) un recurso que faculta al Poder Judicial para amparar a los ciudadanos frente a leyes inconstitucionales o actos arbitrarios del gobernador, introduciendo el principio de relatividad de las sentencias (Fórmula Otero).
El juicio de amparo se eleva por primera vez al rango federal. Impulsado por Mariano Otero, el artículo 25 de esta Acta restablece temporalmente la Constitución de 1824 y adopta formalmente el amparo como un sistema de control constitucional encomendado a los tribunales de la Unión para proteger a los habitantes contra actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El amparo adquiere un carácter plenamente nacional y permanente. A través de los célebres artículos 101 y 102, los constitucionalistas liberales consolidan la competencia de los tribunales federales para resolver toda controversia por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, sentando las bases procesales definitivas del juicio.
La carta magna vigente perfecciona el amparo integrando los principios fundamentales que lo rigieron el siglo pasado en sus artículos 103 y 107. Además de las garantías individuales tradicionales, el amparo se extiende para tutelar los nuevos derechos sociales (agrarios y laborales) conquistados durante la Revolución Mexicana.
Representa la transformación contemporánea más profunda del mecanismo. Se amplía el objeto de protección del amparo: ya no solo cuida las "garantías individuales", sino todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Se introduce también el concepto de interés legítimo y los efectos generales de la inconstitucionalidad.
La Fórmula Otero (Relatividad): La sentencia solo protege al individuo específico que la solicitó, sin anular la ley de forma general inmediata (un legado directo de 1841 y 1847).
Instancia de Parte Agraviada: El juicio no inicia por oficio de los jueces; siempre debe ser solicitado por la persona que sufre el menoscabo o daño de la autoridad.
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