Análisis de la Procedencia de los Daños Punitivos en la Responsabilidad Civil Automotriz

Caso hipotético: Una empresa automotriz (Cars, SA) descubre en sus pruebas de calidad que un lote de 50,000 vehículos tienen un defecto grave en el sistema de frenos que puede causar accidentes fatales. 

La decisión empresarial: En lugar de gastar $150 millones de dólares en retirar los vehículos y reparar el defecto, los directivos calculan que pagar las probables demandas por accidentes (estimadas en $15 millones de dólares) será más barato. Ocultan el defecto y continúan vendiendo los autos. 

El accidente: Un conductor sufre una falla total en los frenos, lo que resulta en un accidente fatal, en el que mueren 2 adultos, 1 niña y 1 bebé, sobrevive únicamente una integrante de la familia-niña de 7 años, quien pierde una de sus extremidades inferiores.

1. ¿Qué tipo de daños sufrió la niña sobreviviente?

La niña sufrió diversos daños, entre ellos:

a) Daño material o patrimonial

• Gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos y de rehabilitación.
• Gastos futuros derivados de prótesis, tratamientos psicológicos y asistencia especializada.
• Posible afectación a su capacidad productiva futura debido a la pérdida de una extremidad.

b) Daño moral

• Sufrimiento emocional por la muerte de sus familiares (padres, hermana y/o familiares cercanos).
• Dolor, angustia, trauma psicológico y afectación a su proyecto de vida.
• Impacto emocional derivado de la discapacidad permanente.

c) Daño físico o a la integridad personal

• Amputación de una extremidad inferior.
• Secuelas permanentes y disminución de sus capacidades físicas.

d) Daño psicológico

• Posible trastorno por estrés postraumático, ansiedad, depresión y otras afectaciones derivadas del accidente y de la pérdida de su familia.

e) Daño al proyecto de vida,

Reconocido por la jurisprudencia internacional, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este daño trasciende lo patrimonial y lo moral, pues implica la frustración de aspiraciones vitales y la pérdida de oportunidades que conformaban el plan de vida de la víctima, lo que exige una reparación integral que restituya, en la medida de lo posible, su dignidad y posibilidades de desarrollo.

• Alteración significativa de las expectativas y planes de vida que razonablemente podía desarrollar antes del accidente.

2. ¿Cabría una condena por daños punitivos? 

Sí, cabría una condena por daños punitivos.

Los daños punitivos tienen una finalidad distinta a la reparación del daño. No buscan compensar a la víctima, sino sancionar conductas especialmente graves y disuadir su repetición.

En este caso, la conducta de Cars, SA presenta elementos que justifican su imposición:

• La empresa conocía la existencia del defecto en los frenos.
• Sabía que dicho defecto podía ocasionar accidentes fatales.
• Realizó un análisis económico deliberado concluyendo que era más rentable pagar futuras indemnizaciones que reparar los vehículos.
• Ocultó conscientemente la información a consumidores y autoridades.
• Continuó comercializando los automóviles pese al riesgo para la vida e integridad de las personas.

La conducta revela dolo eventual, mala fe o una negligencia gravísima, además de un desprecio consciente por la seguridad de los consumidores. Por ello, la simple indemnización compensatoria podría resultar insuficiente para cumplir una función sancionadora y preventiva.

3. ¿Tendrían que reclamarse los daños punitivos como prestación autónoma en la demanda?

Sí, en principio deben reclamarse expresamente como una prestación autónoma.

Los daños punitivos no forman parte automática de la indemnización compensatoria., debido a que tienen naturaleza excepcional y una finalidad sancionadora, la parte actora debe:

1. Solicitarlos expresamente en la demanda.
2. Exponer los hechos que justifican su procedencia.
3. Aportar pruebas que demuestren la conducta dolosa, temeraria o gravemente reprochable del demandado.
4. Solicitar que el juzgador determine una cantidad adicional a la indemnización ordinaria.

De no reclamarse de manera específica, el juez podría no concederlos de oficio, pues ello podría vulnerar el principio de congruencia procesal y el derecho de defensa de la parte demandada.

Conclusión

La niña sobreviviente sufrió daños físicos, morales, psicológicos, patrimoniales y una afectación a su proyecto de vida. La actuación de la empresa, justifica la imposición de daños punitivos porque la empresa conocía el riesgo mortal, decidió ocultarlo y priorizó el ahorro económico sobre la seguridad de los consumidores. 

Finalmente, los daños punitivos deben reclamarse de manera expresa y como una prestación autónoma dentro de la demanda, acompañando los hechos y pruebas que sustenten su procedencia.

Análisis del daño resarcible y la reparación integral en un caso de responsabilidad civil por una actividad riesgosa

Se trata de un estudio orientado a problematizar la teoría general del daño y a explorar las tensiones que surgen en la práctica judicial cuando se busca garantizar una reparación integral en escenarios de incertidumbre probatoria.

Caso hipotético: Una empresa constructora realiza obras de excavación en una avenida principal sin colocar señalización suficiente ni barreras de protección adecuadas. Durante la noche, una persona que circulaba en motocicleta cae en una zanja abierta. Como consecuencia, sufre fracturas múltiples, queda imposibilitada para trabajar durante varios meses y pierde la oportunidad de participar en un proceso de ascenso laboral que estaba en curso. 

La persona lesionada reclama el pago de gastos médicos, rehabilitación, pérdida de ingresos, daño moral y afectación a su proyecto de vida. Además, su madre, quien dependía parcialmente de ella, solicita una indemnización porque tuvo que dejar temporalmente su empleo para cuidarla. Por su parte, la pareja de la víctima también demanda reparación por la angustia, la alteración de su vida cotidiana y la cancelación de planes familiares. 

La empresa constructora sostiene que no existe responsabilidad, porque la persona motociclista circulaba a exceso de velocidad, no llevaba el casco correctamente ajustado y la obra contaba con permisos administrativos. También afirma que el ascenso laboral era solo una expectativa, que la afectación emocional de la pareja no constituye un daño jurídicamente relevante y que la madre no es víctima directa del hecho. 

 ¿Cuál es el daño principal sufrido por la persona motociclista y qué bienes o intereses jurídicamente protegidos se encuentran comprometidos?

El daño principal es el daño corporal o daño a la integridad física, derivado de las fracturas múltiples sufridas en el accidente.

Los bienes e intereses jurídicamente protegidos comprometidos son:

• La vida e integridad física.
• La salud.
• La capacidad laboral y productiva.
• El patrimonio (por gastos y pérdida de ingresos).
• La integridad psíquica y emocional.
• El libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida.

La lesión física constituye el daño base del cual derivan las demás consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales.

¿Qué daños son patrimoniales y cuáles son extrapatrimoniales?

Daños patrimoniales

Aquellos susceptibles de valoración económica directa.

1. Gastos médicos

• Consultas.
• Hospitalización.
• Cirugías.
• Medicamentos.

Constituyen daño emergente.

2. Gastos de rehabilitación

• Terapias.
• Tratamientos futuros.
• Equipos médicos.

También son daño emergente.

3. Pérdida de ingresos

• Salarios no percibidos durante la incapacidad.
• Prestaciones laborales dejadas de recibir.

Constituyen lucro cesante.

4. Pérdida de oportunidad

• Posibilidad frustrada de obtener el ascenso.
• No equivale al valor total del ascenso.

Es un daño patrimonial autónomo si existía una probabilidad seria y real de obtener el beneficio.

Daños extrapatrimoniales

Afectan bienes no económicos.

1. Daño moral

Comprende:

• Dolor físico.
• Sufrimiento emocional.
• Ansiedad.
• Afectación psicológica.

2. Daño al proyecto de vida

Consiste en la alteración relevante de los planes existenciales de la persona:

• Desarrollo profesional.
• Metas personales.
• Expectativas vitales razonablemente consolidadas.

Su fundamento no descansa en la pérdida patrimonial, sino en la lesión a la esfera de realización personal.

¿Cuáles daños pueden considerarse ciertos desde un aspecto cualitativo aunque su cuantía todavía no pueda fijarse con exactitud?

La certeza del daño exige acreditar su existencia, no necesariamente su monto exacto.

Son cualitativamente ciertos:

• Las fracturas sufridas.
• Los gastos médicos ya realizados.
• Los gastos de rehabilitación previsibles.
• La incapacidad temporal para trabajar.
• La pérdida de ingresos derivada de dicha incapacidad.
• El daño moral.
• La necesidad de asistencia de terceros.
• La afectación al proyecto de vida (si se acredita suficientemente).

Aunque aún no sea posible determinar con exactitud el monto total de la rehabilitación ni la magnitud definitiva del perjuicio, el daño se considera jurídicamente existente y, por ende, susceptible de ser indemnizado.

¿La pérdida del ascenso laboral constituye daño cierto, daño futuro, pérdida de oportunidad o expectativa hipotética?

La mejor calificación jurídica es la de pérdida de oportunidad, siempre que exista una probabilidad seria de obtener el ascenso.

No parece un daño cierto porque:

• El ascenso aún no había sido otorgado.
• No existe certeza absoluta de que hubiera ocurrido.

Tampoco es una mera expectativa hipotética si se acredita que:

• El proceso de ascenso estaba formalmente en curso.
• La víctima cumplía los requisitos.
• Tenía posibilidades reales de ser seleccionada.

Aspectos que debe analizar el juzgador

• Etapa en la que se encontraba el procedimiento.
• Número de candidatos.
• Historial laboral de la víctima.
• Evaluaciones de desempeño.
• Probabilidad objetiva de obtener el cargo.
• Relación causal entre el accidente y la pérdida de la oportunidad.

Cuanto más alta sea la probabilidad de éxito, mayor será la indemnización.

¿Los permisos administrativos excluyen la antijuridicidad?

No.

La existencia de permisos administrativos no elimina automáticamente la antijuridicidad del daño.

La autorización estatal permite realizar la obra, pero no libera a la empresa de:

• Cumplir normas de seguridad.
• Señalizar adecuadamente.
• Prevenir riesgos previsibles.

La víctima no tiene el deber jurídico de soportar daños ocasionados por una ejecución negligente de la actividad autorizada.

Por tanto:El permiso administrativo no implica, en modo alguno, una exoneración de responsabilidad civil.

La cuestión decisiva es si se incumplieron los deberes de seguridad.

¿La madre puede reclamar como víctima indirecta?

Sí, potencialmente.

Las víctimas indirectas pueden reclamar cuando sufren un daño propio derivado del hecho dañoso.

Debe acreditar

1. Una afectación personal y directa.
2. Que el perjuicio es jurídicamente relevante.
3. Nexo causal con el accidente (es el vínculo indispensable que conecta el accidente con el daño reclamado, y constituye el eje sobre el cual se construye la responsabilidad civil)

Por ejemplo:

• Dependencia económica parcial.
• Pérdida efectiva de ingresos por abandonar temporalmente el empleo.
• Gastos de cuidado.

Si demuestra esos extremos, podría reclamar:

• Lucro cesante propio.
• Daño patrimonial derivado del cuidado.

La sola manifestación de preocupación o solidaridad familiar no constituye un elemento suficiente para justificar la procedencia de una indemnización. En el ámbito de la responsabilidad civil, lo relevante es la existencia de un daño jurídicamente relevante, susceptible de ser acreditado y vinculado causalmente con el hecho generador.

¿La pareja está en la misma posición que la madre?

No necesariamente.

La madre presenta un perjuicio económico concreto derivado del cuidado.

La pareja alega:

• Angustia.
• Alteración de la vida cotidiana.
• Cancelación de planes familiares.

Problema jurídico

No toda consecuencia emocional es indemnizable.

Debe acreditarse:

• Daño moral propio y significativo.
• Afectación grave a un interés jurídicamente protegido.

La simple incomodidad o frustración de planes normalmente no basta.

Posible solución

• La angustia intensa derivada de las lesiones graves de la víctima podría ser indemnizable.
• La cancelación de vacaciones, proyectos o rutinas familiares generalmente no constituye por sí sola un daño resarcible.

¿Qué medidas de reparación integral serían adecuadas?

Restitución

Difícil restitución plena de la situación anterior debido a las lesiones ya sufridas.

Rehabilitación

• Tratamientos médicos.
• Terapias físicas.
• Atención psicológica.
• Rehabilitación ocupacional.

Compensación económica

• Gastos médicos.
• Gastos de rehabilitación.
• Lucro cesante.
• Daño moral.
• Pérdida de oportunidad.
• Eventual daño al proyecto de vida.

Satisfacción

• Reconocimiento de responsabilidad.
• Disculpa pública (si procede).
• Sentencia declarativa.

Garantías de no repetición

• Mejora de protocolos de seguridad.
• Señalización obligatoria.
• Supervisión de obras.
• Capacitación del personal.

¿Qué daños admitiría y cuáles excluiría?

Admitiría

Víctima directa

• Lesiones físicas.
• Gastos médicos.
• Rehabilitación.
• Pérdida de ingresos.
• Daño moral.
• Pérdida de oportunidad (si se acredita probabilidad seria).
• Proyecto de vida (si existe prueba suficiente de afectación relevante).

Madre

• Daños patrimoniales propios acreditados.
• Eventual daño moral significativo.

Pareja

• Daño moral propio, si se demuestra una afectación relevante derivada de la gravedad del accidente.

Excluiría

• El valor íntegro del ascenso como si hubiera sido seguro.
• Beneficios laborales puramente especulativos.
• Molestias menores de la pareja.
• Planes familiares frustrados sin repercusión jurídica relevante.
• Daños hipotéticos o no acreditados.

Reflexión metodológica sobre el daño resarcible

La metodología judicial para determinar la existencia y alcance del daño indemnizable exige un análisis secuencial de cuestiones fundamentales:

1. Interés lesionado

   • Se debe identificar con precisión qué esfera jurídica resultó afectada: integridad física, salud, patrimonio o dimensión moral.

   • Este paso delimita el objeto de protección y permite distinguir entre daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

2. Protección normativa

   • El interés lesionado debe estar amparado por el ordenamiento jurídico.

   • La tutela legal asegura que la afectación no sea meramente social o ética, sino jurídicamente relevante.

3. Existencia de daño cierto

   • En el caso de lesiones físicas y sus consecuencias comprobables, el daño es indiscutible.

   • Respecto al proyecto de vida y la pérdida de oportunidad, se requiere un examen más riguroso para verificar su carácter cierto y no meramente hipotético.

4. Deber jurídico de soportar el daño

   • La víctima no está obligada a tolerar perjuicios derivados de una actividad autorizada si esta carece de medidas de seguridad adecuadas.

   • Un permiso administrativo no legitima la producción de daños.

5. Sujeto afectado

   • La motociclista constituye la víctima directa.

   • La madre y eventualmente la pareja pueden ser consideradas víctimas indirectas, en la medida en que acrediten repercusiones derivadas del accidente.

6. Reparación adecuada

   • Debe ser integral, abarcando todas las dimensiones del daño, pero proporcional al perjuicio efectivamente probado.

   • La proporcionalidad evita indemnizaciones excesivas y asegura correspondencia entre el daño y la reparación.

Reflexión sobre el Amparo Directo en Revisión 5225/2025 (Pleno de la SCJN, 4 de febrero de 2026)

El asunto se originó a partir de un accidente de tránsito en el que una persona que se desempeñaba como velador sufrió lesiones graves y reclamó la reparación integral del daño mediante una acción de responsabilidad civil objetiva. Entre las prestaciones reclamadas se encontraban el daño patrimonial, el lucro cesante, el daño al proyecto de vida y el daño moral. El Tribunal Colegiado sostuvo que para cuantificar el daño moral debía considerarse la situación económica de la víctima; sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte corrigió ese criterio y precisó que dicha circunstancia no puede utilizarse para cuantificar las consecuencias extrapatrimoniales del daño moral, aunque sí puede resultar relevante respecto de determinadas consecuencias patrimoniales derivadas del mismo.

a) ¿Por qué considerar la situación económica de la víctima para las consecuencias extrapatrimoniales del daño moral vulnera el principio de igualdad? ¿En qué supuestos sí puede ponderarse?

La situación económica de la víctima no constituye un indicador válido de la intensidad del sufrimiento, del dolor, de la aflicción o de la afectación a la dignidad humana. Si el monto de la indemnización por daño moral extrapatrimonial dependiera de la riqueza o pobreza de la persona afectada, se estaría otorgando una reparación distinta frente a una misma lesión emocional. Ello implicaría asumir que el sufrimiento de una persona con mayores recursos vale más que el de una persona con menores ingresos, o viceversa, lo cual resulta incompatible con el principio constitucional de igualdad y con la dignidad inherente a toda persona. La Corte destacó precisamente que la condición económica no aumenta ni disminuye el dolor sufrido y, por tanto, no es un criterio idóneo para alcanzar una justa indemnización respecto de la afectación moral en sentido estricto.

No obstante, la situación económica sí puede ser valorada cuando se analizan las consecuencias patrimoniales derivadas del daño moral. En estos casos, la finalidad no es medir el sufrimiento, sino determinar con mayor precisión el perjuicio económico efectivamente sufrido por la víctima. Por ejemplo, puede ser relevante para valorar pérdidas de ingresos, afectaciones profesionales, disminución de oportunidades económicas o gastos ocasionados por el hecho dañoso. Aquí la condición económica no funciona como un criterio discriminatorio, sino como un elemento para dimensionar adecuadamente el menoscabo patrimonial.

b) ¿Qué función o funciones de la responsabilidad civil operan cuando se cuantifica el daño moral, y cómo cambia la motivación según la función que se privilegie?

Al cuantificar el daño moral considero que concurren principalmente tres funciones de la responsabilidad civil: la reparadora, la disuasoria y la de justicia interpersonal.

Si se privilegia la función reparadora, la motivación judicial debe concentrarse en identificar la magnitud de la afectación sufrida por la víctima y en otorgar una compensación que represente una reparación integral y razonable. El énfasis se coloca en la restauración de la esfera personal lesionada, reconociendo que ciertos bienes —como la dignidad, la integridad psíquica o el proyecto de vida— no admiten una restitución plena, por lo que la indemnización cumple una función compensatoria.

Si se privilegia la función disuasoria, la argumentación enfatiza la necesidad de que el responsable internalice los costos de su conducta y de prevenir la repetición de comportamientos dañosos semejantes. En este enfoque, la indemnización también cumple un papel preventivo respecto de otros potenciales causantes de daños.

Por último, desde la función de justicia interpersonal, la motivación se centra en la relación jurídica entre quien causó el daño y quien lo sufrió. La indemnización se justifica porque existe una obligación correlativa de corregir el desequilibrio injustamente generado por la conducta dañosa y de reconocer a la víctima como titular de un derecho lesionado.

Considero que, en el contexto del daño moral, la función predominante debe ser la reparadora, sin perder de vista los elementos de justicia interpersonal que legitiman la obligación de indemnizar.

c) ¿En sus propias resoluciones distingue con claridad las consecuencias patrimoniales de las extrapatrimoniales del daño moral? ¿Qué riesgo de revocación advierte si no lo hace?

La distinción entre consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales es indispensable. Las primeras se refieren a repercusiones económicas susceptibles de valoración objetiva, mientras que las segundas comprenden afectaciones a bienes inmateriales como la dignidad, la tranquilidad emocional, el honor, la integridad psíquica o el sufrimiento derivado del hecho dañoso.

Si una resolución no realiza esta diferenciación con claridad, existe el riesgo de mezclar criterios de cuantificación que responden a lógicas distintas. Por ejemplo, utilizar la situación económica de la víctima para determinar el monto correspondiente al sufrimiento emocional podría constituir una violación al principio de igualdad y al estándar constitucional de justa indemnización, como precisamente lo advirtió el Pleno en este asunto. Asimismo, la falta de diferenciación puede traducirse en una motivación insuficiente o incongruente, susceptible de ser revocada en instancias revisoras por indebida fundamentación y motivación.

Contraste con las funciones de la responsabilidad civil y el estándar de reparación integral

El criterio adoptado por la Suprema Corte armoniza con la concepción contemporánea de la reparación integral. La reparación debe ser completa, justa y proporcional a la naturaleza del daño sufrido. Ello exige distinguir entre los diversos tipos de perjuicios y aplicar a cada uno los parámetros de cuantificación que realmente permiten medirlos.

La función reparadora exige que la indemnización refleje adecuadamente la afectación sufrida; la función disuasoria busca prevenir conductas dañosas futuras; y la función de justicia interpersonal procura restablecer el equilibrio roto por el hecho ilícito. El estándar de reparación integral obliga a que estas funciones operen sin sacrificar la igualdad de las personas ante la ley.

Concluyendo, el precedente del ADR 5225/2025 fortalece la idea de que el daño moral extrapatrimonial debe cuantificarse con base en la gravedad de la afectación humana y no en la posición económica de quien la sufre. Al mismo tiempo, reconoce que la situación económica puede ser pertinente cuando se trata de valorar perjuicios patrimoniales efectivamente derivados del daño. De esta manera, la Corte refuerza tanto el principio de igualdad como el derecho de las víctimas a una reparación integral y a una justa indemnización.

Teoría General de la Responsabilidad Civil: Análisis Doctrinario y Criterios Jurisprudenciales de la SCJN

Objetivo: Analizar los cuatro sentidos de responsabilidad según Hart, y con relación a la responsabilidad como rol o función, señalar 5 ejemplos cotidianos en que puede actualizarse. 

Actividad 1: Los cuatro sentidos de responsabilidad según H. L. A. Hart

En su obra Punishment and Responsibility (1968), el filósofo del derecho H. L. A. Hart distingue cuatro sentidos fundamentales del término responsabilidad:

1. Responsabilidad como Rol o Función (Role-Responsibility): Obligaciones y deberes específicos asignados a una persona en virtud de su posición, puesto, profesión o estatus dentro de un grupo o institución.

2. Responsabilidad Causal (Causal-Responsibility): Relación de causa y efecto donde un acto, omisión o acontecimiento produce directamente un resultado determinado.

3. Responsabilidad como Capacidad (Capacity-Responsibility): Aptitud mental, psicológica y cognitiva de un individuo para comprender la naturaleza de sus actos, evaluar sus consecuencias y actuar conforme a Derecho (imputabilidad).

4. Responsabilidad Punible o Contable (Liability-Responsibility): Condición de ser sujeto de una sanción, pena o la obligación de reparar un daño (civil o penal) por haber incurrido en un comportamiento contrario a la norma o haber incumplido un deber.

5 Ejemplos cotidianos de Responsabilidad como Rol o Función

• El médico cirujano: Debe de hacer asepsia, obtención de consentimiento informado y diligencia en la praxis quirúrgica respecto a sus pacientes.

• El capitán de una embarcación o aeronave: Obligación de velar por la seguridad de los pasajeros, la tripulación y la nave durante todo el trayecto.

• El tutor o padre de familia: tiene el deber de custodia, alimento, educación y cuidado sobre la persona y bienes de sus hijos menores de edad.

• El administrador de un inmueble o condominio: Obligación de velar por el mantenimiento de áreas comunes, la correcta aplicación del presupuesto y la seguridad del edificio.

• El personal de seguridad privada: Tiene el deber de resguardo, control de accesos, vigilancia y prevención de riesgos en las instalaciones encomendadas.

Objetivo: Con base en el amparo en revisión 4555/2013 resuelto por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  identificar en qué consisten los elementos consistentes en:

• El uso de sustancias, mecanismos, instrumentos o aparatos peligrosos, por sí mismos o por sus características;
• La provocación de un daño;
• La causalidad entre el uso y el daño referidos; y,
• Que no exista culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

Actividad 2: Análisis de los elementos de la Responsabilidad Civil Objetiva

(Con base en el AR 4555/2013 de la Primera Sala de la SCJN y doctrina sobre el riesgo creado)

La responsabilidad civil objetiva opera bajo la doctrina del riesgo creado (consagrada procesal e históricamente desde el Código de Napoleón y desarrollada por autores como Rojina Villegas y Arnau Moya). Prescinde de la culpa o negligencia del agente y se fundamenta en el peligro inherente del objeto utilizado.

1. Uso de sustancias, mecanismos, instrumentos o aparatos peligrosos por sí mismos

• En qué consiste: Hace referencia a la operación o aprovechamiento de objetos o elementos que, por su naturaleza, velocidad, masa, fuerza, inflamabilidad o composición, representan un peligro latente e inevitable para terceros, aun cuando se empleen con la máxima diligencia.

• Análisis (AR 4555/2013): La Primera Sala de la SCJN sostiene que basta con demostrar que el demandado introdujo o usó en el tráfico social un mecanismo o sustancia inherentemente riesgosa para que la presunción de riesgo se active, sin que deba juzgarse la conducta del sujeto.

Ejemplo. 

•  Una empresa de logística opera un camión de carga pesada para transportar mercancía en la ciudad.

• Por qué aplica: Un camión de gran tonelaje es un mecanismo inherentemente peligroso por su masa, velocidad e inercia; basta con ponerlo en circulación para introducir un riesgo en la sociedad, independientemente de qué tan bien manejado esté.

2. La provocación de un daño

• En qué consiste: Constituye el menoscabo, pérdida o afectación efectiva sobre el patrimonio (daño material), la integridad física, o los sentimientos, afectos y honra de la persona (daño moral).

• Análisis (AR 4555/2013 y De la Rosa Xochitiotzi): El daño es el presupuesto ontológico indiscutible del Derecho de Daños. Sin la existencia de una lesión jurídica cierta, actual y personal a la víctima, no existe obligación de reparar, con independencia del peligro generado.

Ejemplo. 

• Ejemplo: El camión sufre un fallo en el sistema de frenos y choca contra el portón y la fachada de una vivienda particular, destruyendo la estructura y aplastando un vehículo estacionado adentro.

• Por qué aplica: Existe un daño material cierto, medible y patrimonial (la reparación de la vivienda y el valor del vehículo destruido) sobre la propiedad de un tercero.

3. Causalidad entre el uso y el daño referidos

• En qué consiste: El nexo o vínculo de causalidad adecuada entre la fuente de riesgo (mecanismo/sustancia) y el resultado perjudicial provocado.

• Análisis (AR 4555/2013): Para la SCJN, debe probarse fidedignamente que la causa eficiente y directa del daño fue el riesgo propio del instrumento en cuestión. La cadena causal debe ser ininterrumpida desde la puesta en marcha del objeto hasta la producción del menoscabo.

Ejemplo.

• Ejemplo: Peritajes viales y mecánicos confirman que el colapso del portón y la destrucción del vehículo fueron consecuencia directa del impacto del camión fuera de control.

• Por qué aplica: Hay un vínculo ininterrumpido causa-efecto: si el mecanismo peligroso (el camión) no hubiera impactado la propiedad, el daño no se habría producido.

4. Ausencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima

• En qué consiste: Es la única causa de exoneración (causa extraña o interrupción del nexo causal) en el régimen objetivo. Implica que el daño se produjo de manera exclusiva o determinante por la conducta imprudente, temeraria o deliberada de la propia víctima.

• Análisis (AR 4555/2013): La SCJN determina que la carga de la prueba para acreditar la negligencia inexcusable recae plenamente en el demandado. Si no se demuestra que la víctima se expuso deliberadamente al riesgo o actuó con torpeza grave, subsiste la obligación de reparar el daño por el simple hecho del riesgo creado.

Ejemplo.

•  Al momento del accidente, la vivienda estaba cerrada y el vehículo estacionado adecuadamente dentro del garaje; el dueño de la casa no realizó ninguna acción que provocara o facilitara el impacto.

• Por qué aplica: No existió imprudencia, conducta temeraria ni intervención por parte del afectado que provocara el percance. Por tanto, no hay causa de exoneración y la empresa dueña del camión debe responder de forma objetiva.

  Actividad 3: Análisis de los elementos de la Responsabilidad Civil Subjetiva

  (Con base en el AD 30/2013 de la Primera Sala de la SCJN y principios de la dogmática de daños)

  La responsabilidad civil subjetiva se funda en la vulneración del principio clásico ulpianeo Alterum non laedere (no dañar a otro). Requiere indispensablemente la reprochabilidad del actuar (dolo o culpa).

  1. Hecho u omisión ilícito (Elemento subjetivo/antijurídico)

  • En qué consiste: La realización de una conducta positiva (hecho) o negativa (omisión) que contraviene una norma imperativa, un deber legal de cuidado o la exigencia general de actuar con la diligencia debida.

  • Análisis (AD 30/2013 y Pantaleón Díaz): La Primera Sala aclara que la ilicitud no solo abarca violaciones explícitas a normas legales (ilicitud formal), sino también la inobservancia de los deberes generales de prevención del daño (deber general de prudencia y diligencia). En el AD 30/2013 (caso de negligencia/daño moral), la falla en las medidas razonables de seguridad configura el hecho ilícito.   

                                                                                                                                 

Ejemplo. 

• El dueño de un establecimiento comercial omite colocar señalización de "Piso Mojado" tras trapear con químicos resbalosos, y tampoco limpia un derrame de aceite en el pasillo principal que llevaba horas reportado por los empleados.

• Por qué aplica: Constituye una omisión ilícita por inobservancia del deber general de cuidado y prevención del daño (negligencia). El dueño o encargado incurre en una conducta reprochable al no actuar con la diligencia debida para mantener un entorno seguro para terceros.

2. Daño causado (Elemento material/personal)

• En qué consiste: Afectación directa a la esfera jurídica de la víctima, ya sea de carácter patrimonial (daño emergente y lucro cesante) o extrapatrimonial (daño moral en la integridad psíquica, física o emocional).

• Análisis (AD 30/2013 y Cuaderno de Jurisprudencia SCJN): La resolución subraya que en la responsabilidad subjetiva el daño moral adquiere un papel central. El daño debe ser cierto y susceptible de valoración para fijar la indemnización punitiva o compensatoria correspondiente, orientada a la restitución integral del derecho vulnerado (reparación integral bajo la Resolución 60/147 de la ONU).

Ejemplo.

• Un cliente resbala a causa del piso mojado y sufre una fractura expuesta de fémur, lo que deriva en gastos médicos hospitalarios por $150,000 MXN, dos meses de incapacidad laboral (lucro cesante) y un severo impacto emocional/físico (daño moral).
• Por qué aplica: Existe un daño cierto, actual y personal que afecta tanto la esfera patrimonial (gastos médicos y pérdida de ingresos) como la extrapatrimonial (afectación a la integridad física y sufrimiento provocado).

3. Nexo causal entre el hecho u omisión y el daño (Elemento vinculante)

• En qué consiste: Es la relación causa-efecto que demuestra que el menoscabo sufrido por la víctima es consecuencia directa, inmediata y lógica del hecho u omisión antijurídica atribuible al demandado.

• Análisis (AD 30/2013 y Fernández Madero): La SCJN reitera que el nexo de causalidad es el eje rector del juicio de responsabilidad. Si la ilicitud y el daño existen pero no hay un vínculo probatorio que los una de forma directa (o existen factores externos como fuerza mayor o hecho de un tercero), se rompe la imputación y la responsabilidad se desvanece.

Ejemplo.

• Los dictámenes médicos y los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento demuestran que la caída y la subsecuente fractura del cliente fueron consecuencia directa e inmediata de la falta de adherencia en el piso no señalizado.
• Por qué aplica: Existe una relación lógica de causa-efecto ininterrumpida: de no haber existido la omisión negligente (dejar el piso mojado sin advertencia), el cliente no habría resbalado ni sufrido la lesión.

El Filtro de Constitucionalidad en la Suprema Corte

 

El Filtro de la Constitucionalidad

• Mera legalidad: errores en la aplicación de la norma (ejemplo: un juez aplica mal un artículo del Código Civil).

• Constitucionalidad: cuestionar si la norma misma vulnera derechos humanos o contradice la Constitución.

Caso hipotético:

• Legalidad: se aplica incorrectamente el artículo sobre prescripción de deudas.

• Constitucionalidad: se cuestiona si el plazo de prescripción es tan corto que vulnera el derecho de acceso a la justicia.

Reflexión guía: la aplicación de una ley deja de ser un error de trámite cuando afecta directamente un derecho fundamental, trascendiendo a la esfera constitucional.

El Binomio de Procedencia

• Elemento objetivo: que subsista un tema constitucional (interpretación directa de un derecho humano o constitucionalidad de una norma).

• Elemento subjetivo: que el asunto sea de interés excepcional (trascendencia nacional, uniformar criterios, resolver un problema novedoso).

Reflexión: aunque exista un tema constitucional, si ya está resuelto en jurisprudencia o no requiere análisis profundo, la Corte puede desecharlo. Esto reafirma que la SCJN es un tribunal constitucional y no una tercera instancia de legalidad.

La Inoperancia y la Suplencia

• Inoperancia de agravios: ocurre cuando los argumentos no combaten directamente la sentencia, son genéricos, repiten lo ya desestimado o plantean cuestiones de mera legalidad.

• Suplencia de la queja deficiente: protege a sujetos vulnerables (trabajadores, menores, indígenas).

Reflexión guía: cuando aplica la suplencia, la responsabilidad del abogado/proyectista es mayor: debe plantear agravios sólidos, porque aunque la Corte pueda suplir deficiencias, no puede inventar argumentos inexistentes. La técnica jurídica sigue siendo esencial.

Consecuencias de la Decisión

Tipos de resolución:

• Desechar: se rechaza el recurso.

• Revocar: se anula la sentencia del tribunal colegiado.

• Confirmar: se mantiene la sentencia.

• Modificar: se ajusta parcialmente.

• Declarar sin materia: el asunto pierde objeto.

Reflexión: una sentencia que revoca y ampara tiene un impacto directo en la protección de derechos. Por eso los efectos deben ser claros y puntuales: delimitar qué se concede, a quién beneficia y cómo se ejecuta. La precisión asegura eficacia y evita confusiones.

Análisis de los requisitos de procedencia del amparo directo en revisión: estudio de la falta de interés excepcional en el ADR 1303/2025

eflexión acerca de la procedencia del amparo directo en revisión y la ausencia de interés excepcional en el ADR 1303/2025

La sentencia del Amparo Directo en Revisión 1303/2025 constituye un ejemplo ilustrativo de la función institucional que actualmente desempeña el recurso de revisión en amparo directo dentro del sistema constitucional mexicano. La resolución pone de manifiesto que la Suprema Corte no actúa como una tercera instancia destinada a corregir posibles errores de legalidad, sino como un tribunal constitucional cuya intervención está reservada para asuntos que planteen auténticos problemas de constitucionalidad y que, además, posean un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

1. El interés excepcional como requisito autónomo de procedencia

La Corte recuerda que la procedencia del recurso de revisión en amparo directo exige dos niveles de análisis:

1. Que en la sentencia recurrida se haya decidido o se haya omitido decidir una cuestión propiamente constitucional (constitucionalidad de normas generales o interpretación directa de la Constitución).
2. Que la cuestión planteada revista un interés excepcional.

La relevancia de esta segunda exigencia es fundamental. La sola existencia de un planteamiento de constitucionalidad no abre automáticamente la competencia revisora de la Suprema Corte. El Tribunal Pleno destacó expresamente que, aunque en la demanda de amparo se cuestionó la constitucionalidad del artículo 193 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ello no era suficiente para justificar la revisión constitucional del caso.

La razón fue que los agravios formulados contra la sentencia del Tribunal Colegiado resultaron inoperantes, por lo que el asunto carecía de la trascendencia necesaria para generar un criterio novedoso o para resolver una problemática constitucional relevante.

Viéndolo desde una perspectiva constitucional, esta decisión refleja la tendencia consolidada de la Suprema Corte de utilizar el requisito del interés excepcional como un mecanismo de selección de casos, orientando su actividad jurisdiccional hacia la construcción de doctrina constitucional y evitando que el recurso de revisión se convierta en una instancia ordinaria de reconsideración de sentencias.

2. Razones por las que la Corte consideró inoperantes los agravios

La sentencia identifica varias deficiencias argumentativas que impidieron considerar que el asunto planteaba un verdadero problema constitucional.

A. Agravios construidos sobre premisas falsas

Respecto del primer agravio, el recurrente sostuvo que el Tribunal Colegiado había omitido realizar la interpretación directa de diversos artículos constitucionales.

La Suprema Corte concluyó que dicha afirmación era incorrecta, pues el Tribunal Colegiado sí estudió el planteamiento y explicó por qué consideraba improcedente realizar la interpretación solicitada. El órgano colegiado había señalado que el quejoso no explicó por qué los artículos constitucionales invocados eran ambiguos, vagos o necesitaban ser interpretados directamente.

Por ello, el agravio se calificó de inoperante al descansar sobre una premisa fáctica equivocada: la supuesta falta de estudio del tema constitucional.

B. Falta de combate a las consideraciones torales de la sentencia

La Corte observó que el recurrente no controvirtió la razón principal por la cual el Tribunal Colegiado había rechazado su planteamiento constitucional.

El Colegiado sostuvo que no era posible realizar una interpretación directa de la Constitución porque el quejoso no había proporcionado argumentos que demostraran la necesidad de dicha interpretación. Frente a ello, el recurso de revisión simplemente reiteró la solicitud original, sin atacar esa consideración decisiva.

Esta circunstancia evidencia una regla procesal básica: para que un agravio sea eficaz debe desvirtuar las razones que sostienen la sentencia recurrida. Si no combate el fundamento central de la decisión, resulta inoperante.

C. Reiteración de argumentos previamente desestimados

La Corte también estimó inoperante el segundo agravio porque el recurrente volvió a sostener que el artículo 193 de la LGRA era inconstitucional al no prever la notificación personal de ciertos acuerdos procesales. Sin embargo, el recurso no explicó por qué era incorrecta la consideración del Tribunal Colegiado relativa a la inexistencia de una omisión legislativa constitucionalmente relevante.

En otras palabras, el recurrente repitió el argumento original sin enfrentar la respuesta jurídica que ya había recibido. Para la Corte, la simple reiteración de los planteamientos formulados en la demanda de amparo no satisface la carga argumentativa exigida en la revisión constitucional.

D. Ausencia de identificación del mandato legislativo incumplido

Otro aspecto central fue que el recurrente nunca identificó cuál era la disposición constitucional o legal que obligaba al legislador a incluir dentro del artículo 193 las notificaciones personales de los acuerdos de apertura de alegatos o de suspensión de plazos.

La Corte observó que para denunciar una omisión legislativa no basta afirmar que una regulación sería más conveniente o protectora de derechos fundamentales; es indispensable demostrar la existencia de un mandato normativo concreto incumplido por el legislador.

La ausencia de esta construcción argumentativa privó al agravio de eficacia constitucional.

E. Argumentos sustentados en circunstancias particulares

Quizá la razón más significativa para efectos del interés excepcional fue que varios agravios pretendían demostrar la inconstitucionalidad del artículo 193 a partir de las circunstancias específicas vividas por el recurrente durante la pandemia por COVID-19.

El quejoso argumentó que la notificación por estrados le impidió conocer la apertura del período de alegatos y las suspensiones procesales porque existían restricciones sanitarias para acudir a consultar dichos estrados.

La Suprema Corte consideró que este razonamiento era inoperante porque la constitucionalidad de una norma general debe analizarse a partir de sus características intrínsecas de generalidad, abstracción e impersonalidad, y no desde los efectos concretos producidos en una situación individual.

Esta consideración es especialmente relevante. La Corte estimó que el recurrente intentaba convertir una inconformidad derivada de la aplicación concreta de la ley en un problema de constitucionalidad abstracta. Al no existir un cuestionamiento estructural de la norma, sino únicamente una referencia a los efectos sufridos en su caso particular, el agravio carecía de aptitud para generar un criterio constitucional de alcance general.

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3. Relación entre la inoperancia de los agravios y la ausencia de interés excepcional

La decisión revela una estrecha conexión entre ambos conceptos.

La Corte no sostuvo simplemente que el asunto carecía de interés excepcional por la materia debatida; más bien concluyó que carecía de dicho interés porque los agravios no lograban construir un auténtico problema constitucional.

Los agravios fueron considerados inoperantes porque:

• Partían de premisas falsas.
• No combatían las razones decisorias de la sentencia recurrida.
• Reiteraban argumentos ya desestimados.
• No identificaban el mandato constitucional que sustentaría la supuesta omisión legislativa.
• Pretendían demostrar la inconstitucionalidad de una norma mediante circunstancias particulares del caso.

Precisamente por esas deficiencias argumentativas, la resolución del caso no permitiría fijar un criterio novedoso, desarrollar la doctrina constitucional o resolver una cuestión de relevancia general. 

En consecuencia, el asunto no satisfacía el requisito de interés excepcional exigido por los artículos 107, fracción IX, constitucional y 81, fracción II, de la Ley de Amparo.

Conclusión

La enseñanza principal de esta sentencia es que el interés excepcional no depende únicamente del tema constitucional invocado por el recurrente. También exige una argumentación capaz de plantear una controversia constitucional genuina. Cuando los agravios son inoperantes porque no controvierten eficazmente la sentencia recurrida o porque descansan en cuestiones particulares de legalidad, desaparece la posibilidad de que la Suprema Corte cumpla su función de intérprete constitucional y, por ende, desaparece también la justificación para abrir la instancia extraordinaria de revisión.

Estudio de casos sobre la procedencia del Amparo Directo en Revisión

 Actividad.

• Diferenciar claramente entre las cuestiones de mera legalidad y las cuestiones propiamente constitucionales para determinar la procedencia del Amparo Directo en Revisión.  
• Identificar los supuestos excepcionales en los que un planteamiento que en principio es de legalidad puede transformarse en un tema de constitucionalidad.  
• Comprender el concepto de inconstitucionalidad derivada a partir de la interpretación normativa realizada por un Tribunal Colegiado.

Caso 1: El conflicto de valoración probatoria

En un juicio de amparo directo en materia penal, la defensa plantea que no se encuentran debidamente acreditados los elementos del delito ni la responsabilidad penal de su cliente. Su argumento central es que tanto el juez de primera instancia como la sala de apelación realizaron una indebida valoración de las pruebas, otorgándole valor de prueba plena a elementos que debieron considerarse únicamente como indicios.  Pregunta de reflexión:

• ¿Este agravio constituye una cuestión propiamente constitucional que justifique la procedencia del recurso, o debe clasificarse como un tema de mera legalidad? ¿Por qué?  

Respuesta

Se trata de una cuestión de mera legalidad, por lo que, en principio, no justificaría la procedencia del amparo directo en revisión.

Fundamentación

La defensa cuestiona:

• La acreditación de los elementos del delito.
• La acreditación de la responsabilidad penal.
• El valor otorgado a determinadas pruebas.

Estos aspectos implican analizar:

• Hechos.
• Pruebas.
• Reglas probatorias.
• Motivación ordinaria de la sentencia.

La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que la valoración de pruebas y la determinación de si éstas son suficientes para acreditar hechos constituyen materias de legalidad reservadas a los jueces ordinarios y a los Tribunales Colegiados.

Conclusión

El agravio no plantea:

• Interpretación directa de la Constitución.
• Constitucionalidad de normas.
• Alcance de derechos fundamentales.

Por ello, es una cuestión de legalidad y no una cuestión constitucional susceptible de ADR.

Caso 2: La individualización de la pena y la reinserción social

Dentro de un proceso penal por el delito de feminicidio, el agresor es condenado en primera instancia. Al resolver la apelación, la sala responsable confirma la condena, pero decide reducir la sanción impuesta argumentando que se debe tomar en consideración el derecho a la reinserción social del sentenciado, previsto a nivel constitucional. La madre de la víctima promueve un recurso de revisión en contra de esta determinación.  

• Pregunta de reflexión: Aunque la individualización de la pena se cataloga ordinariamente como una cuestión de legalidad, ¿qué elemento específico en el razonamiento de la sala transforma este asunto en una cuestión de constitucionalidad susceptible de revisión por la Suprema Corte?  

Respuesta

Sí existe una cuestión constitucional susceptible de revisión.

¿Qué transforma el asunto?

Aunque la individualización de la pena suele ser una cuestión de legalidad, la Sala justificó la reducción de la sanción mediante la interpretación del:

Artículo 18 constitucional, particularmente del derecho a la reinserción social.

Elemento constitucional relevante

La Sala no se limitó a aplicar reglas penales ordinarias.

Además:

• Interpretó un principio constitucional.
• Le dio un determinado alcance.
• Lo utilizó como fundamento decisivo para modificar la pena.

Consecuencia

La Suprema Corte podría revisar:

• Si la interpretación del derecho a la reinserción social fue correcta.
• Cuál es el verdadero alcance constitucional de dicho derecho.
• Si puede utilizarse para disminuir la pena en ese supuesto.

Conclusión

Lo que convierte un tema ordinariamente legal en constitucional es la interpretación directa de un precepto constitucional como razón decisoria del fallo.

Caso 3: El sobreseimiento y el interés superior de la niñez

En un litigio familiar por la guarda y custodia de una niña, los progenitores alcanzan un convenio que el juez eleva a la categoría de sentencia ejecutoriada. La tía materna promueve amparo directo en contra de dicha resolución, pero el Tribunal Colegiado determina sobreseer el juicio al considerar que la quejosa no agotó el principio de definitividad, pues a su juicio debió agotar previamente el recurso de reconsideración previsto en la legislación local. La quejosa interpone un amparo directo en revisión argumentando que la interpretación realizada por el Colegiado sobre las causales de improcedencia resulta restrictiva y vulnera el interés superior de la niñez.  

• Pregunta de reflexión: Si la quejosa no está reclamando que la ley local o la Ley de Amparo sean inconstitucionales en su texto normativo, ¿bajo qué supuesto jurídico procedería el análisis de este recurso en la Suprema Corte?

Respuesta

Procedería bajo el supuesto de inconstitucionalidad derivada o interpretación constitucional realizada por el Tribunal Colegiado.

Explicación

La quejosa no sostiene que:

• La Ley de Amparo sea inconstitucional.
• La legislación local sea inconstitucional.

El problema surge porque el Tribunal Colegiado:

• Interpretó las reglas de procedencia.
• Aplicó el principio de definitividad.
• Lo hizo de una manera que, según la recurrente, restringe el acceso a la justicia y afecta el interés superior de la niñez.

¿Qué se revisaría?

No el texto de la ley.

Se revisaría si la interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado:

• Es compatible con el artículo 4° constitucional.
• Respeta el interés superior de la niñez.
• Es acorde con los estándares constitucionales y convencionales de protección infantil.

Inconstitucionalidad derivada

Existe cuando:

• La norma es constitucional en sí misma.
• Pero la interpretación que realiza el órgano jurisdiccional produce un resultado contrario a la Constitución.

Es decir, la posible inconstitucionalidad no proviene de la ley, sino de la manera en que fue interpretada y aplicada.

Conclusión

La Suprema Corte podría conocer del asunto porque se cuestiona una interpretación constitucional realizada por el Tribunal Colegiado, específicamente respecto del interés superior de la niñez, lo que constituye una cuestión propiamente constitucional.